El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que la ley de financiamiento universitario no puede aplicarse porque no está definido el “sistema” de asignación de recursos previsto en la norma.

Álvarez explicó que la falta de especificaciones sobre el financiamiento, tal como establece el artículo 5 de la Ley de Administración Financiera, impide ejecutar el aumento de fondos destinado a las casas de estudio.

La posición del funcionario fue duramente cuestionada por legisladores de distintos bloques. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la postura como un “flagrante incumplimiento” de la ley, mientras que Leandro Santoro, de Unión por la Patria, advirtió que el impacto del financiamiento universitario representa 0,2% del PBI, y lo comparó con la baja del impuesto a los bienes personales que implicó una pérdida del 0,4% del PBI. Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, también expresó su rechazo.

Durante su exposición, Álvarez defendió la situación actual del presupuesto universitario, señalando que “el 45% de la matrícula solo rinde una materia al año” y que el sistema obliga a financiar carreras con muy pocos estudiantes, como la Licenciatura en Arpa, que cuenta con un solo alumno. También mencionó que el presupuesto mensual asciende a 300 mil millones de pesos, y llega a 550 mil millones en los meses de pago de aguinaldos.

El subsecretario aclaró que “no se cerró ninguna universidad, no hay éxodo de docentes, se incorporaron todas las demandas previas para completar cargos no docentes y no hubo despidos”. Santoro, en tanto, destacó que mantener abiertas las universidades es gracias al trabajo del personal docente y no docente que lucha por sostener el sistema.